Nuevas oportunidades para modernizar y potenciar la gestión portuaria argentina
Desde la implementación de la Ley de Puertos en 1992, se liberaron en Argentina las fuerzas del sector privado para desarrollar inversiones de largo plazo, permitiendo la descentralización y desregulación del sector marítimo, fluvial y portuario. Al mismo tiempo, se logró aumentar la eficiencia y la productividad, y reducir los costos. Recuerdo haber participado en los talleres de discusión de dicha ley, y asistían autoridades de otros países, como España, asombradas por las reformas tan profundas que se estaban llevando a cabo.
La privatización del puerto de Buenos Aires, el otorgamiento de seguridad jurídica a los puertos privados —resguardando y potenciando sus inversiones—, el impulso al desarrollo privado de nuevos puertos, la conformación de los Consorcios de Gestión Portuaria como asociaciones público-privadas (APP), y la concesión de la Vía Navegable Troncal de Santa Fe al Océano, fueron todos modelos de gestión de infraestructuras exitosos y muy innovadores para la época.
Lamentablemente, desde el año 2000 hasta la fecha, si bien no se derogó ni modificó la Ley de Puertos, se evitó completar su implementación. El comienzo de esa actitud regresiva fue no liquidar la AGP (Administración General de Puertos) ni conformar el Consorcio de Gestión Autónomo del Puerto de Buenos Aires. Esto influyó, sobre todo, en el decrecimiento del mercado de contenedores en Argentina. Entre 1992 y 2000 creció fuertemente el tráfico de contenedores; desde entonces, se encuentra en un estancamiento general, acompañado también por la falta de crecimiento del PBI del país.
Los gobiernos deben entender para qué sirven los puertos. Un puerto no es “otra caja recaudadora de impuestos”, ni un lugar para ubicar nuevos funcionarios públicos. Son, en cambio, empresas público-privadas o puramente privadas que generan un impacto económico y social muy positivo en su región, simplemente con una buena gestión. El Estado debe promover la actividad portuaria y el comercio exterior. Promover no significa subsidiar, sino buscar mecanismos de facilitación para su crecimiento.
La mala gobernanza del sistema portuario argentino en ese período fue parte de una mala gobernanza nacional. No obstante, el sector portuario fue menos afectado gracias a una Ley de Puertos que blindó la propiedad privada para la inversión. A pesar de políticas públicas nocivas que causaron la ruptura de contratos de concesión en los sectores vial y ferroviario, las concesiones portuarias existentes en los consorcios se mantuvieron, y los puertos privados habilitados siguieron operando. Lamentablemente, la exitosa concesión de la Hidrovía se quebró y se transformó en obra pública en 2021, sin resistir la voracidad del Estado por intervenir en el desarrollo privado.
En este contexto, recientemente se está impulsando nuevamente una gestión orientada a la desregulación, que permita desarrollar nuevos modelos de concesionamiento en el sector. Un hito importante en esta nueva etapa es la liquidación de la AGP y la conformación de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), con la condición de que se lleve a cabo con una gobernanza profesionalizada y con pleno entendimiento de la importancia de un sistema portuario para el país.
Hoy un puerto es un nodo de intercambio modal de transporte, vinculado con redes logísticas y de conocimiento. La gestión del conocimiento en el sector portuario no es más que la aplicación de tecnologías de información y comunicación para generar conocimiento aplicado, que permita reducir sobrecostos, lograr mayor eficiencia e integrarse a redes internacionales y nacionales de transporte, logística y comercio exterior. La vinculación con las redes logísticas permite lograr la integración con el “inland transport” (transporte interior), de manera que el puerto se integre logísticamente, ofreciendo servicios de “puerto a puerta”. Las navieras se integran a los puertos, y los puertos entre sí y con los centros de producción y consumo de un país. El sistema portuario moderno se convierte en una “red de redes”, integrando los ecosistemas marítimo-fluvial y terrestre con los centros de consumo y producción.
El Estado nacional, a través de la ANPYN, puede promover la modernización de su sistema portuario planificando esta red de redes, manteniendo la autonomía de los sistemas portuarios provinciales, y logrando una complementariedad con el objetivo de potenciar el comercio exterior e interior (supply chain) del país.
*Gustavo Anschütz, Magister Internacional en Gestión Portuaria UPC España (2004), Ing. Civil. UCA (1985). Posgrado en Ingeniería Portuaria UBA (1986).